El ministro de Defensa entró a formar parte de Instalaza SA el 26 de agosto de 2005 como consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo año, solo un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales.
Mientras ocupaba el cargo de representante, y según desveló el diario Cinco Días el pasado 9 de mayo, Instalaza SA decidió reclamar al Gobierno “una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo”.
En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba que el Gobierno aprobaría “en pocos días” las nuevas Reales Ordenanzas —normas de conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, “la exclusión del uso de ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna”, como las bombas de racimo.
Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW) confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían destruido ya un total de 176.000 artefactos. Según EFE, España se adscribió no obstante a la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedían las 20.000 minibombas con el fin de investigar y entrenar.
Morenés desempeña en la actualidad el cargo de director ejecutivo de la empresa de misiles MBDA, una compañía con operaciones en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que diseña y fabrica misiles. En 2008, MBDA registró un volumen de negocio de 2.700 millones de euros, produjo unos 3.000 misiles y consiguió una cartera de pedidos de 11.900 millones de euros. MBDA vende armamento a unos 90 ejércitos de todo el mundo.
