Convendría puntualizar o aclarar algunos aspectos en
relación con los 27.000 millones de la deuda de Defensa. En primer lugar. ¿Por
qué hay que llamarla la "deuda de Defensa"? Como si este Ministerio
hubiera efectuado unilateralmente unas irresponsables compras de material que
ponen en peligro las finanzas públicas. ¿Por qué no se habla de la deuda de
Fomento o de otros ministerios? La razón es que sus gastos han quedado
difuminados en el total del déficit presupuestario que ha motivado el
incrementado de la deuda pública.
Los compromisos de pago derivados de los compras de defensa,
en su mayoría contratos internacionales, fueron aprobados formalmente en
Consejo de Ministros, constituyen por tanto unos compromisos del Gobierno, en
igual medida que el pago de los intereses de la deuda o de sus vencimientos.
Otro aspecto al que se ha aludido es que se trata de unos
sistemas de armas que posiblemente no vayan a ser utilizados, como si los
ejércitos y el Ministerio de Defensa caprichosamente hubieran optado por
adquirir unos equipos que no se ajustan a nuestras previsibles necesidades
militares. Aquí hay que hacer presente, en primer lugar, que la mayor parte del
armamento más avanzado fabricado en las últimas décadas por las potencias
militares, incluida la desaparecida Unión Soviética, afortunadamente no ha sido
utilizado en combate. En segundo lugar, conviene puntualizar que las
consideraciones que guiaron al Gobierno para decidir los contratos de defensa,
fueron fundamentalmente políticas, económicas y sociales, y primaron sobre las
de índole militar.
En el caso del avión de combate EF-2000, 87 aviones por
importe de 9.255 millones de euros, o del de transporte A400M, 27 aviones unos
4.400 millones, había alternativas más económicas, pero eso hubiera sido dar la
espalda a Europa, no propiciar la integración de CASA en EADS, sin la que no se
hubiera hecho realidad el tener en Sevilla una de los polos aeronáuticos más
importantes de Europa. El impulso que el programa del EF-2000 ha dado a la
industria electrónica española ha sido espectacular. La empresa INDRA es la
única española que aparece entre las 100 primeras de defensa en el mundo en
2010, en el puesto 77.
El programa del helicóptero de combate Tigre, 24 unidades,
unos 1.517 millones, se le impuso al Ejército. Su deseo era disponer del
Apache, pero este contrato junto con el del NH-90, 45 unidades, unos 1.260
millones, facilitaron la instalación en Albacete de la tercera planta de
Eurocopter.
La fabricación en España del carro Leopard, 235 unidades,
unos 2.390 millones, resultaba imprescindible para salvar a Santa Bárbara.
Habría resultado mucho más económico adquirir alguno de los miles de carros que
el ejército alemán estaba retirando de sus unidades.
En el caso de los programas navales, 5 fragatas F-100, unos
2.820 millones, los 2 submarinos S-80, 2.135 millones, y otros buques que han
mejorado notablemente las capacidades de la Armada, en gran parte han sido
impulsados por las reiteradas peticiones de los sindicatos para mitigar la
crisis de la construcción naval. El último ejemplo lo tenemos en la reciente
aprobación de una nueva serie de buques de acción marítima BAM, por unos 740
millones.
Hay que recordar que los denominados Programas Especiales se
inician en 1997 con la aprobación por el Consejo de Ministros de la compra de
las fragatas F-100 y del avión EF-2000. Estos programas surgieron por un
intento de remediar la profunda crisis que afectaba a la industria de defensa
desde el principio de los años noventa, que había reducido a la mitad su mano
de obra y motivado la desaparición de numerosas empresas de armamento.
El Gobierno optó por adoptar el denominado "modelo
alemán" de contrato público, que permite demorar el pago del contrato hasta
la entrega, e inclusive entonces, fraccionarlo en diez anualidades. Pocos años
después, al mejorar la situación económica, desapareció la necesidad de evitar
el déficit. No obstante se siguió empleando el "modelo alemán". Los
dirigentes políticos descubrieron unas grandes ventajas en su utilización,
permitía seguir iniciando nuevos e importantes programas, dejando para el
futuro y otros gobiernos atender a su pago. Las ventajas o alicientes señalados
motivaron que, Gobierno tras Gobierno, independientemente de su signo político,
siguieran utilizando el sistema y añadiendo más contratos, hasta llegar a la
situación actual.
La situación finalmente se ha hecho insostenible, al
reducirse el capítulo 6 de inversiones de Defensa, en 2011, a solo 1.005 millones,
el 50 % de la dotación del año 2008. Figurando para pagos de los Programas
Especiales un crédito de 205 millones cuando los compromisos de pago que vencen
este año son unos 751 millones. Por otra parte, no resulta lógico pensar en
incrementar el Presupuesto de Defensa ante el objetivo prioritario de reducir
el déficit al 6 % en 2011 y al 3 % en 2013.
La gravedad de la situación aconsejaría el intentar
consensuar un acuerdo político para afrontar y procurar solucionar este
importante y urgente problema, pero al parecer lo que nos encontramos es una
postura irresponsable de poner más énfasis en dilucidar quién ha tenido más
culpa en provocar esta situación, que en resolver el impasse, en que se
encuentra el Gobierno, el Ministerio de Defensa y las industrias de defensa
afectadas. La mayoría de los principales programas, como el EF-2000, el Tigre,
el A400M y otros son programa subscritos entre gobiernos, administrados por
agencias internacionales y sujetos a importantes penalizaciones caso de
incumplimiento.
En otros países también se está tropezando con dificultades
para financiar los programas internacionales en curso, así vemos como Alemania
ha cedido a Austria algunos de sus aviones EF-2000, y que el Reino Unido está
procediendo en igual forma tratando de revender parte de sus aviones, al
parecer esto se está igualmente intentando hacer por España. Otro caso
semejante es el de Italia.
Como manera de poder paliar la situación, en España se ha
sugerido el condonar los créditos de Industria, convirtiéndolos en pagos
definitivos, lo que no supondría más gasto para el gobierno, con lo que la
deuda se reduciría en unos 14.500 millones. Lógicamente esta acción requiere
ser refrendada legislativamente. Existen antecedentes de que en los años
ochenta en diferentes ocasiones se condonaron anticipos y deudas de defensa.
Se ha comentado que esta acción supondría el incrementar el
déficit en un momento difícil, lo que es cierto, pero de todas maneras esto va
a resultar inevitable, toda vez que la norma contable europea que regula la
contabilización del déficit, establece que este se produce tanto por el pago
como por la recepción del material, aún sin estar pagado, por lo que a la vista
de lo adelantados que están muchos contratos, la afectación a déficit se
producirá próximamente.
Se ha aludido a que la crisis actual de las finanzas de
defensa ha sido provocada por los Programas Especiales, y eso no es totalmente
cierto, si bien agravó la situación el incremento de estos programas y
especialmente el haberse eliminado la prudente norma alemana, de pagarlos en 10
anualidades. La verdadera causa de la crisis ha sido la continuada y progresiva
reducción de los recursos asignados al Ministerio de Defensa, que motiva el que
aparentemente no resulte viable el modelo de Fuerzas Armadas que nacionalmente
se había consensuado. Con el 0,66 % actual del PIB, el modelo no se puede
sostener. Habría que anunciar al país que, de seguir así, se tendría que
retornar al modelo anterior mucho más económico, un ejército de reemplazo,
modestamente equipado, y sin capacidad de actuar en el exterior.
*Francisco Pérez Muinelo es General de División de
Intendencia del Ejército de Tierra
