El actual estilo de vida de buena parte de la población y las políticas públicas que se implementan en la provincia de Albacete, contribuyen de manera decisiva a agravar los efectos del cambio climático. A continuación se señalan, sin pretensiones de exhaustividad, algunas líneas de reflexión en determinados ámbitos que se consideran especialmente relevantes para apoyar esta afirmación.
En cuanto a la movilidad de personas y mercancías, desde las administraciones públicas se considera que está resuelta correctamente por el hecho de que existen infraestructuras de comunicación masiva entre las principales ciudades de la región con ciudades de comunidades autónomas limítrofes o del resto del mundo (autovías, líneas de tren de alta velocidad, aeropuertos). Pero eso no es así. Tal proliferación de infraestructuras de elevado impacto ambiental (tanto en la fase de construcción como en la de utilización posterior) contrasta con una raquítica red de transporte público intraprovincial e intracomarcal, que en los últimos años se encuentra en franco retroceso, con servicios de viajeros (por carretera y por ferrocarril) que cada vez cubren menos rutas y con menor frecuencia.
El modelo de ferrocarril y transporte público que supone el AVE (que anuncia su llegada a la ciudad de Albacete en este mismo año) es caro, elitista, energéticamente ineficiente y socialmente inadmisible, porque abandona a su suerte todos los pueblos que hasta ahora conectaba el tren convencional. Un ahorro de tiempo de 1 hora en el trayecto Albacete-Madrid implicará un desembolso adicional en el precio del billete de 25 euros, cantidad superior al salario mínimo interprofesional diario para 2010 (21 euros) y 7 veces mayor que el salario mínimo interprofesional por hora para 2010 (3,5 euros). La gran mayoría de la población no querría “comprar” horas a 25 euros la unidad, y en cambio, disfrutaría leyendo un libro o relajada en su asiento el tiempo adicional de duración del trayecto, a la vez que dispondría de más dinero para llegar mejor a fin de mes.
Para determinadas personas que carecen de transporte privado por cuestión de edad (jóvenes, mayores), por convicciones (desean evitar contaminación y riesgos) o por motivos económicos (sus rentas no les permiten adquirir y mantener vehículos privados), vivir en los pueblos se hace cada vez más difícil al exigir grandes sacrificios, impedir o encarecer el acceso a servicios esenciales como la sanidad, el comercio, la cultura, las gestiones administrativas,… que se encuentran localizados en la capital de la provincia o en las cabeceras comarcales. ¿Nos hemos parado a pensar, los que habitualmente utilizamos el transporte privado o quienes disponen de coche oficial, las penurias que deben pasar en invierno (y en verano) quienes desde los pueblos más alejados de las principales vías de comunicación deben viajar a la capital de la provincia? Y es que, no hay nada peor en los procesos de decisión que las políticas sobre servicios públicos las decidan quienes no utilizan ni utilizarán dichos servicios.
Que la provincia de Albacete haya apostado por un aeropuerto civil en la capital, cuando ya existen aeropuertos muy cercanos en Valencia, Murcia y Alicante, es un ejemplo más de políticas públicas que van en sentido contrario a la necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) se sigue promocionando y subvencionando el transporte aéreo desde el Aeropuerto de Albacete, a pesar de ser el medio de transporte más contaminante (el avión produce 693 gramos de emisiones de CO2 por viajero y kilómetro recorrido frente a los 136 gramos del transporte por carretera o frente a los 26 gramos del ferrocarril).
Es preciso considerar el servicio público de viajeros de calidad (urbano, interurbano e intracomarcal) como un derecho básico de la ciudadanía, de manera que las administraciones públicas lo tomen como una prioridad, de la misma manera que hacen con la sanidad, la educación o los servicios sociales básicos. Pero tan importante o más que un servicio radial entre los pueblos de la provincia de Albacete con la capital, serían los servicios públicos de viajeros intracomarcales, que permitirían reforzar los vínculos entre los núcleos de población más cercanos, rompiendo así con la dependencia extrema que ahora se produce respecto de la ciudad de Albacete. Las competencias en transporte público interurbano son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y esta administración no las ejerce para vincular más y mejor a los pueblos de una misma comarca. Por su parte, ni los municipios ni los diferentes grupos de acción local que llevan a cabo programas de desarrollo rural en las diferentes comarcas de Albacete, asumen responsabilidades en este sentido ante la dejación de la administración competente.
En el último medio siglo se ha definido una distribución de la población en el territorio de Castilla-La Mancha y la provincia de Albacete que en nada favorece un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio. La ciudad de Albacete y no más de 10 municipios (entre ellos las cabeceras de comarca) han ganado población, especialmente Albacete, a la vez que la mayor parte de pueblos han perdido habitantes (los más pequeños a marchas forzadas). Esta tendencia es negativa para el cambio climático por dos motivos. Por un lado, por los mayores requerimientos energéticos y de materiales que exige la población que vive en grandes núcleos urbanos. Por otro lado, por el abandono del medio rural y de sus actividades económicas y medios de vida tradicionales, lo que implica un empobrecimiento patrimonial de casi imposible recuperación. Ahora que por todas partes se habla de sostenibilidad, de avanzar hacia estilos de vida menos depredadores de recursos naturales, ninguneamos experiencias reales y efectivas, de gran interés en este sentido que hasta hace poco se han dado en sociedades campesinas de nuestro entorno.
Malamente será viable un desarrollo que se basa en amontonar a la gente en las ciudades y dejar los pueblos vacíos. Es una locura pretender meter en la ciudad de Albacete 100.000 personas más en los próximos 10 años, sabiendo que eso será a costa de crear un desierto demográfico en el resto de la provincia, especialmente en pueblos ya de por sí despoblados de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel, la Sierra de Segura y La Manchuela. El actual Plan de Ordenación Territorial (POT) de Albacete y su área metropolitana (14 municipios del entorno) plantea pasar de los 200.000 habitantes en 2005 a los 300.000 en 2020. Y esto cuenta con la bendición de todas las administraciones públicas con competencias en la materia (local, provincial y autonómica).
Por ello, habría que pensar seriamente en no construir más viviendas ni de promoción privada ni de promoción pública en la ciudad de Albacete ni en las cabeceras de comarca. En su lugar, activar el mercado de compra-venta o alquiler del ingente parque de viviendas que permanece desocupadas, y en el caso de que se precisarán nuevas viviendas, que éstas se construyeran mediante iniciativa pública en los pueblos más pequeños, ayudando así (junto a otros servicios públicos) a recuperar la población que ha tenido que desplazarse desde el campo a la ciudad tanto por motivos laborales como para poder acceder a las viviendas de promoción pública que en su mayor parte se construían en la capital.
La ciudad de Albacete avanza a buen ritmo hacia su progresiva militarización. Desde la histórica Base Aérea de los Llanos, a la reciente implantación de Eurocopter (construcción de helicópteros civiles y militares) y la Escuela de Pilotos de la OTAN (TLP. Tactical Lidership Program). Lo que de por sí ya era una industria indeseable por motivos éticos, por su contribución al dolor humano a través de las guerras (las operaciones de la OTAN ocasionan la muerte de cientos y cientos de civiles en las incursiones que hace en los diferentes frentes de guerra, hasta el punto que en Afganistán 7 de cada 10 muertos son mujeres y niños), también lo es atendiendo a su perjuicio sobre el cambio climático.
Cada vez más aeronaves militares utilizan nuestra provincia para llevar a cabo sus entrenamientos y más gases de efecto invernadero van a parar a la atmósfera desde sus motores a reacción. Y menos mal que en 1984 el pueblo español votó en referéndum la no incorporación de España a la estructura militar integrada de la OTAN. El Gobierno de España predica la Alianza de Civilizaciones y actúa a través de la Alianza Atlántica bombardeando e invadiendo a todos aquellos pueblos contrarios a los intereses de Occidente.
Las actuales infraestructuras militares con que cuenta la provincia, especialmente el Campo de Maniobras de Chinchilla, ocupan terrenos forestales que al tener prohibida la entrada, usurpan el disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía. Y lo que es peor, la explosión controlada o no de la munición y las bombas utilizadas en las tareas de adiestramiento, provocan incendios forestales que periódicamente arrasan miles de hectáreas de arbolado. En fin, que cuando se prepara la guerra en la provincia de Albacete, no sólo colaboramos en infligir dolor, destrucción y muerte de personas inocentes, sino que además destruimos nuestra Naturaleza más cercana, esa que tanto nos hace falta para frenar el cambio climático. El final de las armas es siempre generar destrucción, voluntaria o involuntariamente.
Si realmente queremos tomar medidas a favor del clima, habría que desmantelar progresivamente la industria militar que cada vez tiene mayor presencia en la provincia. Los recursos económicos liberados así, reorientarlos para potenciar sectores como la prestación de servicios básicos a la población (sociales, ambientales), que permitan mantener/aumentar el empleo total y de paso ampliar el patrimonio forestal de nuestra provincia como una contribución real contra el cambio climático, al aumentar los sumideros de CO2 que constituyen los árboles.
La agricultura y la ganadería de la provincia de Albacete asumen a pies juntillas las directrices que vienen de la Política Agraria Común (PAC) de la UE y de la Organización Mundial de Comercio, cuyos ejes prioritarios giran alrededor de la liberalización de los mercados a favor de las grandes multinacionales del agronegocio. A pesar de que la agricultura es una disciplina mucho más compleja que la de plantar aquellos cultivos que se subvencionan o que tienen precios atractivos en los mercados mundiales. Es preciso analizar las características agronómicas, hidrológicas, climáticas, culturales y sociales antes de lanzarse en brazos de la rentabilidad monetaria. El futuro ya se llama soberanía alimentaria, derecho de los pueblos a producir ellos mismos sus propios alimentos, comercializarlos en cercanía, y no depender de un mercado inestable e incluso especulativo para garantizar un derecho básico de la ciudadanía. Actualmente el balance energético de la agricultura que denominamos “moderna” es negativo, es decir, la energía contenida en la producción final agraria es inferior a los costes energéticos que ha requerido dicha producción (fundamentalmente de energía no renovable). Por eso, no es exagerado decir, que la agricultura moderna consiste en “producir alimentos de escasa calidad por medio de petróleo”, y así contribuir aún más al cambio climático.
Cambiar el panorama de nuestro campo requiere apostar decididamente (no de manera testimonial, como ocurre ahora) por la agricultura ecológica y sus efectos benéficos sobre el ciclo del carbono, que permite cerrar los ciclos de nutrientes por autoabastecimiento de recursos, incluyendo la ganadería en sistemas agrícolas y utilizando recursos locales renovables. Además de mejorar la eficiencia energética a través de un mayor uso de fuentes de energía renovables y un menor consumo directo de combustibles fósiles, así como indirecto al evitar los productos de síntesis de alto coste energético en su fabricación como fertilizantes, herbicidas, fitosanitarios, alimento para el ganado, etc.
Desde hace casi cuatro décadas se viene produciendo un gravísimo y rápido deterioro de los espacios del agua en Castilla-La Mancha, especialmente en Ciudad Real y Albacete. La causa ha sido la acelerada transformación en regadío mediante aguas subterráneas de grandes superficies de cultivo. En la provincia de Albacete dicho deterioro ha tenido lugar en las tres cuencas hidrográficas que alberga: Júcar, Guadiana y Segura. Tanto en los cauces principales de sus ríos como en toda la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en el entorno de los primeros y a donde vertían en última instancia, así como la desaparición de actividades humanas y modos de vida ligados al uso del agua en estos espacios, tales como huertas, infraestructuras de riego tradicionales, semillas y técnicas autóctonas, abrevaderos y otras actividades tradicionales.
Es preciso dar un giro de 180 grados en la actual política “de obras hidráulicas”, basada en grandes infraestructuras de almacenamiento, trasvases, potabilización y bombeos, que en todo caso llevan aparejados importantes costes energéticos que contribuyen a agravar el cambio climático. En su lugar, avanzar en la dirección de “la gestión del agua respetando los ecosistemas y la calidad del propio recurso”, aprovechando al máximo todas las alternativas de abastecimiento basadas en principios como el mínimo consumo energético, la cercanía a los puntos de utilización y la conservación de los ecosistemas asociados.
En la provincia de Albacete se han ejecutado o se pretenden ejecutar grandes tuberías para abastecer a sus municipios, que en todo caso entrañan elevados costes energéticos en su construcción y posterior mantenimiento:
- En la cuenca del Guadiana, municipios como Villarrobledo o Minaya se van a abastecer con aguas de la tubería manchega, la misma que hace unas semanas sirvió para inundar las Tablas de Daimiel con agua trasvasada desde la cuenca del Tajo. En vez de ello debería apostarse por recuperar los niveles del acuífero de La Mancha Occidental que tradicionalmente ha abastecido a una amplia zona de La Mancha, y que desde que está siendo sobreexplotado por una agricultura de regadío intensiva, lleva tras de sí un colapso ambiental de grandes proporciones.
- En la cuenca del Júcar, la ciudad de Albacete utiliza las infraestructuras del acueducto Tajo-Segura para beber aguas del pantano de Alarcón, previamente potabilizadas. Y todo porque las abundantes aguas de su subsuelo han sido sobreexplotadas y contaminadas por regadíos de altísimo impacto ambiental. Lo mismo, y por los mismos motivos, pretende hacerse en los próximos años para abastecer los pueblos de La Manchuela de Albacete y Cuenca mediante tuberías a partir del embalse de El Picazo. Obras y más obras, consumo y más consumo de energía. Cualquier cosa menos atacar de raíz los verdaderos problemas de la escasez, y resolverlos respetando las leyes de la Naturaleza y al menor coste monetario.
- En la cuenca del Segura, la zona más castigada de la provincia por haber sido colonizada de grandes embalses en la cabecera de los ríos Segura y Mundo, la administración hidráulica, con el beneplácito de las administraciones autonómicas implicadas, no para de conectar unos embalses con otros y de abrir pozos de “sequía” (aunque mejor habría que llamarlos de “codicia”), para forzar la extracción de las entrañas de la tierra del agua que al final afloraría de manera natural por fuentes y manantiales de la Sierra del Segura. Eso sí, consumiendo ingentes cantidades de combustibles fósiles directa o indirectamente (vía generación eléctrica) para proceder al bombeo, aportando así otro granito de arena a la larga lista de despropósitos climáticos “Made in Albacete”.
En definitiva, los intereses particulares de grandes grupos de presión como la construcción residencial, la construcción de obra civil, la industria militar, el agronegocio, las multinacionales energéticas, las compañías de gestión de servicios públicos, etc. consiguen que las políticas públicas desarrolladas en la provincia de Albacete les beneficien en perjuicio del clima y de las zonas rurales.
* Gregorio López Sanz es profesor titular de Política Económica en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
